Abogado de Ciudadanía Argentina por Inversión

La vía de ciudadanía por inversión es una forma de naturalización. La Ley de Ciudadanía 346, en su texto vigente, establece que son ciudadanos por naturalización los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país. El Ministerio de Economía determina qué inversiones califican.

No se trata de una residencia ni de un resultado automático del pago de una suma. Es un procedimiento administrativo en el que el Estado evalúa al solicitante, la inversión y el origen de los fondos, y luego decide. Para el inversor, la pregunta no es solo cuánto invertir, sino si la inversión, la documentación y su perfil superarán esa evaluación.

Un expediente de ciudadanía por inversión combina derecho de la nacionalidad, derecho migratorio, normas de transparencia financiera y, con frecuencia, cuestiones societarias y fiscales en más de un país. Las decisiones tomadas antes de invertir —cómo se transfieren los fondos, qué documentos se obtienen, cómo se trata a los familiares— son difíciles de corregir después.

El abogado argentino interpreta el régimen como derecho argentino, distingue lo dictado de lo meramente anunciado y construye un expediente coherente entre jurisdicciones. Para clientes que ya trabajan con abogados, asesores fiscales o un family office en el exterior, aporta el análisis jurídico local que esos profesionales necesitan. Vea también abogado CBI o consultor migratorio.

Antes de comprometer capital, analizamos la situación del solicitante frente a las normas aplicables. El objetivo es identificar obstáculos a tiempo, cuando todavía es posible resolverlos.

Según el caso, la evaluación preliminar puede abarcar:

• Nacionalidad, documentos de identidad y otras ciudadanías
• Composición familiar y qué familiares podrían incluirse
• Antecedentes migratorios en Argentina y en otros países
• Antecedentes que puedan resultar relevantes para la evaluación
• La modalidad de inversión propuesta y sus implicancias jurídicas
• Documentación disponible y documentación a obtener, apostillar o traducir
• Origen y trazabilidad de los fondos y del patrimonio
• Estructuras societarias o patrimoniales a través de las cuales se poseen activos

Las modalidades anunciadas en octubre de 2026 son un aporte no reembolsable al Tesoro Nacional y la suscripción de un título público creado para el programa. Tienen perfiles jurídicos y financieros distintos: uno es un aporte definitivo; el otro, un título cuyas condiciones, transferibilidad y vencimiento deben leerse en el propio instrumento cuando se publique.

Analizamos los aspectos jurídicos de la modalidad elegida: la documentación requerida, la canalización de fondos por el sistema financiero formal y su relación con los planes del cliente en Argentina. No brindamos asesoramiento financiero ni de inversión, ni prometemos rendimiento alguno. No debe presumirse que la compra de inmuebles califique salvo que la normativa aplicable lo prevea expresamente.

El solicitante debe esperar controles de identidad, antecedentes, situación patrimonial y riesgo jurisdiccional. Prepararse para esa evaluación es parte del trabajo jurídico: realizamos nuestra propia due diligence jurídica sobre la documentación y las estructuras del solicitante para identificar y explicar inconsistencias antes de presentar el expediente.

No basta con identificar el dinero que se invertirá. El expediente debe mostrar, de manera coherente, cómo se generó el patrimonio del solicitante y de dónde provienen los fondos específicos de la inversión: actividad empresarial, venta de una empresa o de activos, dividendos, ingresos profesionales, herencias, préstamos o inversiones financieras.

Revisamos esa documentación desde una perspectiva jurídica y probatoria y, cuando es útil, coordinamos con los contadores y asesores fiscales del cliente en el exterior. Más información sobre nuestro trabajo en origen de fondos y patrimonio.

Los documentos públicos extranjeros deben, en general, estar apostillados (países del Convenio de La Haya) o legalizados, y los redactados en idioma extranjero, traducidos al castellano por traductor público. Partidas, certificados de antecedentes penales, documentación societaria y prueba financiera tienen cada uno sus requisitos formales y plazos de vigencia.

Preparamos un plan documental desde el inicio, para que los certificados se obtengan en el orden adecuado y no venzan antes de la presentación.

El programa anunciado contempla solicitudes del cónyuge y de los hijos del solicitante principal, con aportes adicionales informados para cada categoría. La coordinación jurídica familiar incluye acreditar los vínculos con partidas del estado civil, revisar documentos de responsabilidad parental o consentimiento para menores, alinear la documentación de cada integrante y analizar la situación de los hijos mayores.

La elegibilidad de cada familiar depende de las normas vigentes al momento de la presentación. No presumimos elegibilidades que la reglamentación no haya confirmado. Vea ciudadanía por inversión para familias.

Cuando corresponde, asistimos en la presentación y representamos al cliente ante las autoridades argentinas que intervienen en el procedimiento, hacemos el seguimiento del expediente y respondemos requerimientos documentales o jurídicos. Juan Pablo Rojas Pascual está matriculado en Mendoza, en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, y ante la justicia federal.

Muchos inversores ya cuentan con abogados, asesores fiscales, gestores patrimoniales o un family office en su país. Actuamos como abogados argentinos junto a ellos, ocupándonos de las cuestiones regidas por el derecho argentino, mientras la relación con el cliente y el asesoramiento en su país permanecen con sus asesores. Más detalle en nuestra página para abogados y asesores.

Para algunos clientes, la ciudadanía es una parte de un proyecto más amplio en Argentina: constituir una sociedad, adquirir activos o desarrollar un negocio. La ciudadanía por inversión y la inversión empresarial son jurídicamente distintas, pero pueden planificarse juntas. Asesoramos en constitución de sociedades y estructuras societarias, contratos y representación local.

• Consulta inicial: objetivos, situación personal y familiar, características generales de la inversión.
• Evaluación jurídica preliminar: cuestiones jurídicas, documentales y normativas a resolver antes de avanzar.
• Análisis de inversión y estructura: implicancias jurídicas de la modalidad propuesta.
• Documentación y due diligence: documentación personal, familiar, financiera y societaria.
• Origen y trazabilidad de fondos: un expediente probatorio coherente y jurídicamente sustentable.
• Preparación del expediente: conforme a las normas y requisitos oficiales vigentes al presentar.
• Presentación y representación: asistencia ante las autoridades argentinas competentes.
• Seguimiento: respuesta a requerimientos y control del procedimiento.
• Asistencia posterior: cuestiones societarias, contractuales o migratorias vinculadas con la presencia del cliente en Argentina.

Las consultas pueden realizarse por videollamada, teléfono, correo electrónico o WhatsApp, en español o inglés. No es necesario estar en Argentina para comenzar.

El régimen está en desarrollo. El resumen siguiente separa las normas vigentes, la reglamentación ya dictada, los anuncios oficiales, lo pendiente de implementación y los procesos judiciales. Se actualiza a medida que se publican nuevos instrumentos.

Se sabe: la base legal (Ley 346 modificada por el Decreto 366/2025), la arquitectura del procedimiento (Decreto 524/2025) y las modalidades y montos anunciados por el Gobierno el 2 de octubre de 2026.

Pendiente de implementación o confirmación: la resolución que defina formalmente las inversiones relevantes, el canal operativo y la fecha de apertura, los requisitos documentales, formularios y tasas, los plazos de tramitación y el efecto de la decisión de la Corte Suprema sobre el Decreto 366/2025. Recomendamos no transferir fondos sobre la base de información comercial sin verificar la normativa vigente en ese momento.