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Ciudadanía por Inversión

¿Necesito un abogado argentino para la ciudadanía por inversión?

Si un inversor extranjero necesita un abogado argentino para la ciudadanía por inversión, qué aporta y cuándo resulta más importante.

Juan Pablo Rojas Pascual, abogado argentino y asesor jurídico de inversores internacionales

Escrito por Juan Pablo Rojas Pascual

Revisado por Juan Pablo Rojas Pascual

Publicado:

Última actualización:

2 min de lectura

Respuesta directa

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Datos clave

  • 01No debe confundirse la posibilidad jurídica de presentar por sí mismo con la conveniencia de contar con asesoramiento profesional.
  • 02El régimen combina un decreto de 2025, un decreto reglamentario y un anuncio de 2026, con la validez del decreto ante la Corte Suprema.
  • 03La mayoría de los problemas evitables surgen antes de presentar: en cómo se mueven los fondos y se obtienen los documentos.
  • 04Los asesores extranjeros pueden ocuparse de su país, pero no asesorar profesionalmente sobre derecho argentino.

Qué aporta un abogado argentino

Cuándo resulta más importante

Si decide avanzar sin abogado

Preguntas frecuentes

¿Puede mi abogado de mi país ocuparse de la parte argentina?

¿Es costosa una evaluación inicial?

Fuentes y referencias normativas

  1. [1]Ley 346 de Ciudadanía — texto actualizado — InfoLEG — Ministerio de Justicia · Ley
  2. [2]Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 — Boletín Oficial de la República Argentina · Decreto · 29 de mayo de 2025
  3. [3]Decreto 524/2025 — procedimiento de ciudadanía por inversión — InfoLEG — Ministerio de Justicia · Reglamentación · 30 de julio de 2025
  4. [4]Argentina announces Citizenship by Investment Program investment thresholds — KPMG GMS Flash Alert 2026-258 · Análisis profesional · 8 de octubre de 2026
  5. [5]La Corte Suprema analizará el DNU 366/2025 que modificó el régimen para otorgar ciudadanías — Infobae · Prensa · 7 de octubre de 2026

La información de este sitio es general y no constituye asesoramiento jurídico. Las decisiones sobre ciudadanía y residencia corresponden a las autoridades argentinas competentes, conforme a la normativa y los requisitos administrativos aplicables.

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